El silencio del Gobierno central sobre el escándalo de los más de cuatro millones de euros destinados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral resulta preocupante. O ensordecedor, por recurrir al oxímoron. Con las instalaciones cerradas, el Ministerio del Interior ha aflojado a razón de un millón de euros de media cada año. Sin internos, se han pagado, según la documentación oficial, más de 870.000 euros en “alimentación” entre 2013 y 2016. Sin extranjeros dentro de sus muros, la Dirección General de la Policía pone negro sobre blanco que se han abonado más de 2,3 millones de euros en “limpieza”. La friolera de 1.605 euros por día, bastante más de lo que cobra una kelly durante todo un mes.

El CIE de Fuerteventura tiene capacidad para 910 personas, el mayor de España, pero en su interior no hay nadie desde mayo de 2012. Una semana después de que saltara el escándalo, todavía no ha salido el ministro Zoido a desmentir, corregir, matizar o contextualizar las cifras que ha dado su departamento, con un nivel de precisión en el gasto de céntimos de euro en cada uno de los conceptos.

Unas horas antes de que los titulares sobre el CIE de Fuerteventura copasen portadas y escaletas de los programas de radio y televisión, unas señoras regresan de un paseo por la pista de tierra paralela al acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, mientras un vecino se baja de la pick up junto a su finca, a cinco pasos de la alambrada. Anda el hombre preocupado porque ha oído que a lo mejor le expropian. Del ‘agujero’ de cuatro millones de euros de profundidad no tardaría en saber. La explicación para estos datos no debe ser sencilla. Como tampoco ha sido fácil que el Gobierno los haya dado a conocer. La senadora canaria María José López tuvo que esperar prácticamente un año a que el Ministerio del Interior los entregase, como es su obligación, en la Cámara Alta. Los pidió en diciembre del año pasado y tuvo que reiterar la petición en abril, junio y septiembre, con solicitud de amparo a la presidencia del Senado incluida.

Cuando sucede esto, se constata que se está solicitando información que el Gobierno no quiere que se haga pública. Si se tardan casi doce meses en apretar una tecla para imprimir unos datos que debieran estar correctamente contabilizados, es difícil sugerir, como se ha deslizado, que las cifras son fruto de un error, que tampoco nadie se ha encargado de aclarar. La opacidad del Gobierno, en este caso, resulta transparente.