Los concejales de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos han informado este viernes de que han interpuesto un recurso contencioso administrativo para conseguir la nulidad del pleno de la moción de censura a la exalcaldesa socialista Patricia Hernández, celebrado el pasado 13 de julio, por incumplimiento de los procedimientos legales.

En declaraciones a los medios, el concejal del grupo socialista José Ángel Martín, ha asegurado que, de acuerdo con la ley, la votación debió producirse por llamamiento y públicamente, “y en este caso se produjo en urna y fue un voto secreto”, con lo cual, se “prohibió” a los ciudadanos su "derecho fundamental" a conocer el sentido del voto de cada uno de los concejales, ha remarcado.

“Ya lo dice el Tribunal Supremo, la votación dentro de una moción de censura no es una mera cuestión formal, sino que estamos ante el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de conocer la voluntad de sus representantes públicos, de manera que no exista ningún tipo de duda sobre los mismos”, ha continuado Martín.

El concejal socialista, ha insistido en que no se trata de una “pataleta”, pues el cumplimiento de la ley no es algo “voluntario” o “potestativo”, sino que está para dar garantías, tanto a los participantes como a la ciudadanía.

“Igual que tampoco fue una pataleta el denunciar, como hicimos en su momento, que una tasación externa no podía, en ningún caso, sustituir a una tasación de un técnico municipal, como ocurrió en el desafortunado caso de las Teresitas”, ha añadido Martín.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs), Matilde Zambudio, ha señalado que resulta “cuanto menos chocante”, que se hayan incumplido los procedimientos legales “justo en esta moción de censura”, cuando la votación se producía “junto a la primera tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

Los concejales han explicado, además, que no conocían la fórmula en la que se iba a votar antes del pleno, pues es el secretario “quien toma las decisiones organizativas” y ni el gobierno ni la oposición intervienen.

Sobre cuánto podría alargarse el proceso en los tribunales, Martín ha recordado que acudirán por la vía de los derechos fundamentales y no por vía ordinaria, “por lo que entendemos que esto acortará mucho los plazos”.

A este respecto, Martín ha asegurado que existen “antecedentes importantes”, el último acaecido en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo y la alcaldesa censurada repuesta en su puesto.

Durante su intervención, el concejal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ha explicado que el sentido del apoyo de su formación al recurso tiene que ver con un “déficit de legitimidad legal” y un “déficit de legitimidad democrática” derivada de lo que significa el transfuguismo.

A su juicio, una mayoría constituida sin atender a lo exigido por la ley es una mayoría con un déficit de legitimidad legal. “El pleno no puede decidir incumplir la ley y pasar de los mecanismos garantistas de rendición de cuentas”, ha precisado.

Asimismo, ha recordado que al contar con una tránsfuga la votación se produjo dentro de un contexto de déficit de legitimidad democrática, pues “como es bien sabido, traicionó una promesa electoral de regeneración” y permitió un nuevo gobierno de Coalición Canaria, ha subrayado.

Trujillo ha señalado, además, que el recurso también servirá para que PP y CC vuelvan a retratarse o no al votar a favor de gobiernos sustentados en el transfuguismo.